El proyecto de intervención y expropiación de Vicentín anunciado ayer comienza a despertar algunos debates dormidos en la economía argentinay
en la sociedad argentinas.
Por supuesto, es importante la faceta de recuperar los créditos del
Estado e impulsar una investigación judicial
a fondo, delimitando responsabilidades en
algo que parece ser el vaciamiento de la empresa
y la absorción
dolosa de recursos del Estado. Deberá fallar la justicia, con
suerte antes de que la causa prescriba.
Pero
el proyecto es más ambicioso que la simple cuestión patrimonial. Al
menos tres aspectos de largo plazo se desprenden de él. Dos de ellos
han sido rápidamente reconocidos por varios
medios masivos de comunicación. El tercero
debe aún ser internalizado por el gobierno y discutido ampliamente
en la sociedad.
Por
una parte, el rol clave de Vicentín en el mercado exportador permite
operar con una empresa testigo sobre los mercados de granos, de
aceites y de carnes. De esa forma, se avanza sobre un instrumento
importante para estabilizar los precios de las exportaciones y,
especialmente, de
los alimentos en el mercado interno. El quiebre de la lógica de la
maximización del beneficio permitirá que, sin generar
ineficiencias, la
política de precios de la empresa sea diferente.
La importancia de Vicentin en un sector altamente concentrado tendrá
influencias sobre el resto de los “jugadores”. Si de jugadores se
trata, valga la pena recordar también que la estatización
será un tiro por elevación a los mercados
financieros, tan adeptos a apostar especulativamente sobre los
precios futuros de los granos. Una práctica
muy distorsiva, que repercute en la oferta y el precio de los
alimentos.
El
segundo aspecto tampoco es menor para la economía argentina. El
significativo lugar de Vicentin como exportador provee al Estado de
una herramienta de peso en el funcionamiento del mercado cambiario.
Como señalan
algunos sagaces analistas, de esta forma se garantiza que no haya una
retención especulativa (en el sentido económico, pero también
político) ni de los granos, ni de las divisas. Sin determinar el
tipo de cambio, Vicentin puede mover el amperímetro y mejorar
sustancialmente la posición del Estado a la hora de hacer política
cambiaria y de enfrentar corridas especulativas.
Un
tercer aspecto es, desde el punto de vista estructural, el
más relevante. Y aquí los análisis que
se leen en los medios sólo arañan
la superficie. Se trata de la influencia que logra el Estado en la
producción, distribución y consumo de alimentos. Se recogió la
expresión presidencial de “soberanía alimentaria”. Pero...
¿Cual es el
alcance y que profundidad planea el gobierno darle a la idea de
soberanía alimentaria a partir de la estatización de Vicentín?
Según
recogen documentos
de la FAO,
la soberanía alimentaria no sólo asegura la alimentación de la
población completa, sino que descansa, entre otras cosas, sobre
modos de vida sostenibles; resiste la dependencia de corporaciones
remotas e irresponsables; reconoce la necesidad de habitar y
compartir territorios; rechaza las tecnologías que atentan contra
los sistemas alimentarios locales; y es compatible con la naturaleza.
La
cuestión de la soberanía alimentaria en un país que en las últimas
décadas ha crecido en base a una agricultura intensiva, fuertemente
concentrada, orientada a la exportación y, especialmente, utilizando
agroquímicos de la peor calaña
resulta un desafío extraordinario. Sobre todo porque el panorama del
sector agropecuario es mucho más complejo e involucra también a un
sector de productos orgánicos en crecimiento, a pequeños
y medianos productores acechados por la “gran agricultura”, a la
puja entre la producción masiva estandarizada y la diferenciación y
conservación de multiplicidad de subespecies. Es
decir, en el panorama agropecuario se abren numerosas
contradicciones, con un enorme peso sobre toda
la población.
Para
pensar una agricultura que potencie la diversificación, que de
espacio a los pequeños
productores, que aliente circuitos locales, que logre un balance
entre exportaciones y mercado interno y que imponga y respete
estándares ecológicos resulta indispensable romper con las lógicas
del mercado. Sin necesidad de recurrir a instrumentos que “trabajen
a pérdida” (en todo caso, ese debate podría abrirse también), es
preciso salir de la lógica de corto plazo, orientada por los
locos cambios de precios y la especulación financiera. Lanzar un
proceso de planeación,
de desarrollo tecnológico y de mayor equilibrio ambiental es una
necesidad cada día más imperiosa en la Argentina. Incluso si quiere
preservarse la
inserción exportadora! Los debates en
Europa sobre el acuerdo de librecomercio
con el Mercosur,
por caso, se
centran sobre la utilización masiva y sistemática de agroquímicos
tóxicos y variedades genéticamente modificadas en los países del
Mercosur. La opción final derivada es una apertura del sector
industrial por parte del Mercosur y el mantenimiento de barreras
fitosanitarias estrictas por parte de la UE, que afectarán
sistemáticamente a nuestro comercio exterior. Por supuesto, el
acuerda, más allá de las exportaciones agropecuarias,
es altamente ruinoso para la economía argentina, pero ese es otro
debate.
Con
un instrumento como el que es Estado está adquiriendo, es posible,
pues, avanzar en resortes clave para abordar
una nueva concepción agropecuaria que sea
más sustentable en el largo plazo. En un sector agropecuario que
permita una alimentación no sólo más accesible a toda la
población, sino mucho más segura. Y permite impulsar las
discusiones sobre
la crisis ecológica de la región, que no tiene su arista más
dramática (como en otras partes del mundo)
en la generación de anhídrido carbónico, sino en las formas en las
que se extraen los recursos naturales. La
fumigación masiva de escuelas rurales con agroquímicos, la
mortandad de peces cada vez que la lluvia lava los campos, los
crecientes problemas de salud por envenenamiento en las ciudades, son
las aristas más visibles de un problema grave de sustentabilidad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario